La Unión Europea da vía libre para cortar el acceso a los usuarios de Internet sin una orden judicial previa
En España, la legislación exige una autorización previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa. El compromiso fue posible después de que
Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente el acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27.
Pero en la fase final de las negociaciones, el Parlamento cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.
A cambio,
Tales medidas sólo podrán adoptarse "respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad" y como resultado de un "procedimiento previo, justo e imparcial" que garantice "el derecho a ser escuchado" y "el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno".
El eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras, que en su calidad de vicepresidente de
"Nuestra estrategia ha sido intentar lograr el mayor número de garantías para los usuarios sin sobrepasar el marco legal comunitario establecido por los Tratados. Y creo que lo que hemos acordado con el Consejo es realmente un éxito por lo que se refiere a avances para los derechos de los usuarios", señaló Vidal-Quadras.
"Se nos ha presionado mucho en este tema, pero si no fuera por el Parlamento, la cuestión de imponer límites a lo que los Gobierno y los operadores pueden hacer para restringir el acceso a Internet nunca se habrían discutido", resaltó.
Por su parte, la eurodiputada socialista Catherine Trautmann, que también formaba parte de la delegación negociadora, destacó que el Parlamento había preferido este compromiso antes que tumbar la reforma del sector de las telecomunicaciones por el desacuerdo sobre el corte de Internet.
En este sentido, subrayó que los parlamentarios habían velado no sólo por los intereses de los internautas sino también de los trabajadores, porque a su juicio la falta de una regulación del sector se traduciría en "deslocalizaciones" de empresas de telecomunicaciones.
"La nueva disposición sobre la libertad en Internet representa una gran victoria para los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos", dijo por su parte la comisaría responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding.
"Las 'leyes de tres avisos', que permiten cortar el acceso a Internet sin un procedimiento previo justo e imparcial o sin una revisión judicial efectiva y oportuna no se convertirán en parte de la legislación europea", aseguró.
Si se cumplen los plazos, podría entrar en vigor a principios de 2010. Los países de
Separación funcional
La principal novedad de la reforma es que da poderes a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores históricos, como Telefónica, a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competencia.
Esta medida sólo se podría aceptar en casos excepcionales, cuando no hayan servido otras recetas. También se crea un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, de talla mucho más reducida que
Los Estados miembros y
Neutralidad de la red
Finalmente, el nuevo marco incluye nuevos derechos para los consumidores, como la prohibición de contratos superiores a los dos años de duración o la obligación para las operadoras de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono en un plazo máximo de un día.
Las operadoras tendrán la responsabilidad de luchar contra los virus y el 'spam' y de notificar a los clientes los fallos de seguridad que detecten.
También se incluyen garantías adicionales para asegurar la neutralidad de la red e impedir que los operadores discriminen entre varios tipos de transmisión de datos en Internet, como voz o servicios 2P2.
Las nuevas reglas dan poderes a los reguladores nacionales para que fijen niveles mínimos de calidad para los servicios de transmisión de red para promover esta neutralidad.
Además, los proveedores deberán informar a sus clientes antes de firmar el contrato sobre la naturaleza de los servicios, incluyendo las técnicas de gestión del tráfico y su impacto en la calidad del servicio, así como otras limitaciones (como topes al ancho de banda o la velocidad de conexión disponible).
Finalmente, el Ejecutivo comunitario hará uso de sus poderes para vigilar que se respete la neutralidad de la red.
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Fuentes. www.lavanguardia.es
